Planes de seguridad ciudadana ¿seguro?

Aunque se ve a simple vista y aunque todas las encuestas reflejan que la seguridad ciudadana se percibe como uno de los problemas más graves, incomprensiblemente el tema sigue transitando por una infinidad de comisiones en busca de definición, comprensión y, quién sabe, solución.

Todo el que se haya involucrado en el tema ha pasado por el temor de haber caído en el estudio del tipo de problemascuya solución es incierta y a los que, en el mejor de los casos,  tanto responsables, como consultores y comunicadores, despachan con afirmaciones rimbombantes como “se trata de un problema multifactorial”, “requiere un abordaje integral” o “es un problema de toda la sociedad”. Y ya se sabe que, como en el cuento, los problemas que son de todos casi siempre los resuelve ninguno.

Más peligrosas, y también más caras, resultan tesis sin ningún respaldo o evidencia empírica como aquella que afirma que desigualdad y violencia se correlacionan positivamente. Es verdad que hay autores que creen en eso, pero también los hay que dicen lo contrario.  De ahí para adelante la decisión es política. Sirva como tímido ejemplo recordar que de acuerdo con la CEPAL, Chile y República Dominicana tienen niveles de desigualdad prácticamente iguales, pero las muertes violentas en República Dominicana fácilmente sextuplican a las de Chile. Entonces… la cosa va por otro lado.

¿Qué es la seguridad ciudadana? La seguridad ciudadana es el  derecho de las personas a ser y sentirse protegidos de la violencia o del despojo deliberado por parte de otros. Y como es un derecho, el único responsable de su plena vigencia es el Estado.

Es bueno recordar que entre las muchas definiciones de seguridad ciudadana existen algunas que son herederas de la Doctrina de la Seguridad Nacional, en especial luego de las transiciones latinoamericanas a la democracia con un fuerte componente policial y un atractivo ingrediente comunitario y participativo.  Este enfoque invita a la corresponsabilidad social ante la debilidad de los Estados para asegurar a todos el derecho a vivir en un ambiente libre de riesgo.

Resulta difícil encontrar textos que tratan de la “seguridad ciudadana” en los que el recurso de la participación no aparezca como condición para disminuir los niveles de inseguridad.  Lo que no es posible encontrar fácilmente es una descripción de lo que en esa materia se espera de la comunidad.

La consecuencia de lo anteriormente expuesto conduce al reconocimiento de una ambivalencia contradictoria en las políticas criminológicas del Estado.  David Garlandla representa “entre el intento del Estado de ejercer soberanía a través de la represión y la confesión de impotencia a través del llamado a la ciudadanía a organizarse”.

Si la responsabilidad del pleno ejercicio de los derechos es una irrenunciable responsabilidad del Estado, que los vecinos colectivamente lleven a cabo medidas de autoprotección, más que participación constituye una privatización de la seguridad, especialmente de la seguridad de los pobres.  Y peor aún, es el reconocimiento de que el Estado, “responsable de la gestión de riesgos sociales” ha sido superado en su deber de proteger bienes y vidas.

El error, si es que fuera un error, está en no reconocer como un elemento común a los países con altos índices de inseguridad a aquellos cuyos Estados son manifiestamente precarios, tanto desde el punto de vista institucional (República Dominicana) como desde el control del territorio (Colombia). El capitalismo globalizado debilita los Estados nacionales, desestatiza y fortalece a los actores privados. Los nuevos conflictos políticos e institucionales, en el marco de la precariedad del Estado se hacen visibles por ejemplo, en la negociación o en la negación de competencias y de recursos a distintos niveles del Estado (los periódicos son pródigos en mostrar este tipo de situaciones).

Los gobiernos de derecha tienen una especial tendencia a favorecer las políticas de “mano dura”, a las soluciones policiales que muchas veces incluyen la ‘militarización’ de la policía y la ‘policialización’ no sólo de las Fuerzas Armadas sino tambiénde algunas de las llamadas políticas sociales -viviendas, programas de empleo, cursos de peluquería o “emprendedurismos” a la población en riesgo de caer en conductas ilegales. Sobra decir que este tipo de “Planes” no han mostrado mucho éxito, y todo por una razón que es bastante simple: Cuando no existe institucionalidad, es decir cuando los ciudadanos no tienen claro cuáles van a ser las consecuencias de determinada acción, la posibilidad de que se actúe fuera de la ley, será mayor.

Mucho peor es el hecho de saber que ante una conducta reñida con la ley no habrá sanción.  El camino está abierto para los delincuentes: no hay nada que favorezca más a la inseguridad que la impunidad, pues no es otra cosa que la protección del Estado a quienes cometen delitos.

Guillermo Cifuentes

Guillermo Cifuentes.
cifuentes.guillermo@gmail.com
Llegado a la isla por culpa del pecado. Fue columnista del diario “La Discusión” de Chillán, (Chile).
Publicado Originalmente en: ACENTO.COM.DO

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